|
El balance de
la Jornada Nacional por la Dignidad Campesina e Indígena no puede
dejar de apreciar los resultados en términos de cohesión social e
identidad organizativa que esta movilización nacional ha significado
para la UNORCA.
En los días de la Jornada Nacional y desde los foros realizados
previamente por todas las regiones del país —los cuales abonaron el
terreno de la movilización— hemos llevado a la práctica una vez más
los principios de lucha que dan sustento a nuestra organización:
Autonomía, entendida como la facultad de que mediante mecanismos
propios, definidos internamente, cada una de las organizaciones
locales y regionales toma sus decisiones más trascendentales y las
instrumenta, y al mismo tiempo atiende directrices con las que se
identifica con otros organismos que confluyen en una coordinación
nacional reconocida por todos.
Autogestión, o sea, la plataforma desde la cual impulsamos una mayor
participación democrática de la base campesina e indígena, por medio
de prácticas colectivas en la toma de decisiones fundamentales que
nos permiten desarrollar las diversas capacidades propias de la
organización.
Y movilización, es decir, una de nuestras mejores armas para lograr
la apertura al diálogo con el gobierno y para entablar negociaciones
favorables a los intereses de la organización.
Esta jornada ha sido una etapa muy importante de aprendizaje
colectivo en la que mujeres y hombres, adultos y jóvenes, dirigentes
y bases, incorporamos una vez más a nuestra experiencia el
conocimiento de una organización que está en movimiento y que se
rige bajo un objetivo primordial: que aún cuando provengamos de
extracciones políticas e ideológicas diferentes, trabajamos por la
unidad y la organización, con el fin de incidir en la
instrumentación de políticas públicas hacia el medio rural que nos
permitan elevar el nivel de vida de los campesinos e indígenas que
integramos la UNORCA.
En el plano nacional dejamos evidencia de que los objetivos de
nuestras luchas y nuestras demandas coinciden con el interés
mayoritario de la población. La recuperación y el fortalecimiento de
la economía campesina es la única base sana desde la cual se puede
construir la autosuficiencia y la soberanía alimentarias, que a su
vez son la única vía para garantizar el derecho a la alimentación
para todos.
Una de las pérdidas más grandes del país en estos años de agresión
neoliberal se refleja en la cantidad de productores de alimentos que
dejan de serlo por problemas económicos, por falta de seguridad, por
políticas públicas incorrectas para el campo.
Nuestra lucha es también por la defensa de los recursos naturales,
por la conservación y protección de la biodiversidad, de los
bosques, agua, tierras, ríos, lagunas y nuestras semillas que son
patrimonio de los pueblos en beneficio de toda la humanidad, para
atender el problema del hambre.
Sin
duda, la presencia de nuestra gente en la capital del país generó la
expectativa política suficiente para hacer posible el ablandamiento
del aparato de las dependencias reacias al diálogo y dejó claro que
el problema nunca ha sido falta alguna de capacidad de interlocución
de la UNORCA sino la actitud de resistencia y cerrazón de entidades
de gobierno partidizadas.
Para defender nuestras demandas y hacer que nuestras propuestas
fueran escuchadas, realizamos esta jornada nacional de lucha por la
dignidad campesina e indígena que, fiel a la esencia de nuestra
organización, se desarrolló de manera pacífica y propositiva.
…..
A pesar del enorme esfuerzo que significa movilizarnos en tiempos de
graves carencias económicas, La Jornada Nacional por la Dignidad
Campesina e Indígena en su fase final concentró en la ciudad de
México a más de mil 600 miembros y dirigentes regionales de la
UNORCA, provenientes de 14 estados del país.
Es necesario incluir en la cuantificación los recursos invertidos en
la realización de los foros estatales que pusieron en movimiento a
gran cantidad de nuestros compañeros integrantes y dirigentes de la
UNORCA en las regiones donde tenemos mayor presencia.
Entre los logros inmediatos de la movilización, destaca la apertura
de la interlocución del gobierno federal que durante más de medio
año de la actual administración priorizó la relación con organismos
afines al partido en el poder o continuó usando el pretexto del
Acuerdo Nacional para el Campo para desdeñar el trato con las
organizaciones no firmantes.
El gobierno federal, con una fuerte tendencia a favorecer los
negocios privados en el campo y a apoyar a los actores sociales
afines a sus políticas para el sector rural, había venido haciendo
su tarea de dividir al movimiento campesino mediante el trato
diferenciado a las organizaciones.
Para nosotros la no firma del Acuerdo Nacional para el Campo obedece
a nuestra legítima capacidad de decisión y a nuestro derecho a
disentir de las propuestas oficiales cuando éstas ignoran las
demandas que hemos planteado en forma reiterada.
Dejamos constancia clara ante el gobierno de que autoexcluirnos de
esa clase de acuerdos y sus adendas de ninguna manera significa
renunciar a nuestras garantías individuales y derechos
constitucionales como organización.
…..
Con el antecedente de los Foros de Maíz, Agricultura Campesina y
Soberanía Alimentaria que realizamos en 14 estados del país
(Guerrero, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Sonora,
Durango, Yucatán, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca)
el 23 de julio iniciamos la Jornada Nacional con una
conferencia de prensa para difundir nuestras primeras acciones que
consistirían básicamente en un recorrido por el país de los
dirigentes de la Vía Campesina y la recepción de propuestas
regionales para la gestión.
En otra conferencia de prensa, el 30 de julio, anunciamos la entrega
de demandas y solicitudes de audiencia a las dependencias del
gobierno federal. También dimos a conocer el resto de las acciones
de la Jornada Nacional:
Como fue el Foro Internacional Campesino, llevado a cabo los días 1
y 2 de agosto con el tema de Los Tratados Comerciales y la Soberanía
Alimentaria: la Agenda Campesina; además se llevaron a cabo
conferencias de prensa en los estados y otras acciones regionales.
De las diversas actividades realizadas, sobresale el Campamento
Campesino, Indígena y Urbano Popular que instalamos en la explanada
del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, a partir del 9
de agosto, el cual constituyó la base de la movilización por la
gestión campesina entre el 15 y el 17 del mismo mes en las
dependencias del poder ejecutivo federal y ante el poder
legislativo.
Las demandas del movimiento quedaron sintetizadas de la siguiente
manera:
Por un trato directo y equitativo a todas las organizaciones
locales, regionales y nacionales, por la soberanía alimentaria, por
un presupuesto multianual para el campo, por la agricultura
campesina sustentable, por la revisión del capítulo agropecuario del
TLCAN, por el respeto a nuestros derechos campesinos e indígenas,
por la defensa de los derechos de los migrantes, por una nueva
gobernabilidad para el campo y por un desarrollo rural integral e
incluyente.
La
movilización hizo posible la instalación de mesas de trabajo con las
dependencias federales relacionadas con el sector rural: SAGARPA,
SEDESOL Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), CNA, Reforma Agraria y SEMARNAT.
En esas dependencias planteamos proyectos que van desde el impulso a
las agroempresas sociales, fortalecimiento de cadenas productivas,
innovación tecnológica y otras propuestas en los ramos agrícola,
pecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Buena parte
de dichas propuestas obtuvieron compromisos concretos de
financiamiento.
En los encuentros con integrantes del poder legislativo conseguimos
que un grupo de legisladores hiciera suya nuestra demanda de
renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN para evitar que entre
en vigor la apertura total de las importaciones de maíz, frijol,
azúcar y leche en polvo, en los próximos meses.
En el Senado la UNORCA planteó además que ese órgano del estado
exhorte al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, particularmente en lo que se refiere a la soberanía
alimentaria, y que expida el reglamento correspondiente.
Existe el acuerdo de una reunión con senadores, en el plazo de un
mes, para dar seguimiento a estos compromisos.
La Comisión Ejecutiva Nacional de la UNORCA entregó al senador Rubén
Velázquez López la petición de realizar las acciones necesarias para
que el Senado de la República integre una comisión que impulse la
renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Asimismo, se solicitó al Senado, por conducto de Velázquez López,
que el órgano legislativo envíe un exhorto al Poder Ejecutivo
Federal para que emita el reglamento de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y la aplique en todos sus términos, especialmente en lo
relacionado a la soberanía alimentaria.
“Asumo como una comisión esto que ustedes me expresan y nos
encargaremos de que la agenda del Frente Amplio Progresista y sus
integrantes en el Senado de la República incorporen las demandas
planteadas por ustedes”, expresó el senador Velázquez.
A continuación el texto íntegro leído por el coordinador ejecutivo
nacional de la UNORCA en el salón Heberto Castillo, del Senado de la
República, en la Torre de El Caballito, con la presencia de varios
integrantes de la Comisión Ejecutiva:
Estimado señor senador:
Como parte de las actividades fundamentales de nuestra Jornada
Nacional por la Dignidad Campesina e Indígena, la UNORCA tiene a
bien solicitar a usted sea el conducto para que, mediante las
acciones e iniciativas que considere pertinentes, el Senado de la
República designe una comisión especial que se avoque a explorar las
rutas de renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
Debido a los hechos padecidos en carne propia desde el inicio de la
apertura comercial, estamos convencidos que la debacle del campo
mexicano será mayor si no evitamos que el maíz, el frijol, la leche
en polvo y el azúcar se liberen totalmente en los próximos meses,
como lo indica el tratado.
Consideramos que es necesario establecer una moratoria inmediata a
la apertura comercial total y reiniciar el período desgravatorio de
aranceles a los sobre cupos de importación, ya que éstos no fueron
cobrados debido a una decisión unilateral deplorable del gobierno de
México.
Si queremos que las cosas en el campo mejoren, y con ello la
economía del país reencuentre el camino del crecimiento con equidad,
tenemos que acabar con la competencia desigual, propiciada por las
diferencias descomunales de subsidios agrícolas del lado
estadunidense, que ha destrozado nuestra economía y sigue expulsando
del país a más de 500 mil campesinos por año.
De la misma forma, solicitamos que el Senado de la República dirija
un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que emita en lo inmediato
el reglamento correspondiente a la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y que respete y haga respetar el capítulo de soberanía
alimentaria contenido en dicho ordenamiento.
El gobierno federal está obligado a cumplir cabalmente con lo
establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ese solo
hecho nos colocaría en una trayectoria diferente a la seguida hasta
hoy por las sucesivas administraciones que han desmantelado al
sector rural y han contribuido a la profundización de la crisis de
la agricultura campesina en México.
Convencidos de que las legítimas aspiraciones de los productores del
campo coinciden con el interés general de la nación, agradeceremos
sea usted portador de las demandas de las organizaciones regionales
de todo el país que confluyen en la UNORCA.
Hasta aquí la reproducción de lo dicho en el Senado.
Pero nuestra presencia ante el poder legislativo no nos hace olvidar
la premisa de que sólo mediante la movilización campesina e indígena
y una amplia alianza con la sociedad organizada, podremos estar en
condiciones de presionar eficazmente hacia la renegociación del
capítulo agropecuario del TLCAN.
En la misma ocasión, ante la prensa en el Senado, dimos a conocer el
texto del Manifiesto Campesino, aprobado por la Coordinadora
Nacional de la UNORCA y solicitamos una revisión a fondo de las
reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
…..
Como resultado de las acciones de la Jornada Nacional Campesina e
Indígena, empezó a integrarse de inmediato la agenda de acercamiento
y diálogo entre las dependencias del gobierno federal y la UNORCA.
El 15 de agosto se instalaron sendas mesas de trabajo con la
Secretaría de Reforma Agraria y la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, con el fin de analizar la demanda de 2007 y
los asuntos rezagados de años anteriores.
La reunión con la SRA inició a las 11:00 horas y con la CDI, a las
17:00 horas. Paralelamente se llevó a cabo una reunión de trabajo
con SEMARNAT.
El
16 de agosto se programó una reunión de trabajo con la SAGARPA, a
las 16:00 horas, en la que se plantearon más de 140 proyectos de
producción campesina en demanda de recursos públicos para
establecerse y consolidarse.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social recibió el 17 de
agosto, a las 11:00 horas, a los integrantes de la Comisión
Ejecutiva Nacional y a los miembros de las comisiones ejecutivas
estatales de la UNORCA para analizar y, en su caso, acordar la
solución de más de 12 mil acciones de vivienda y otros asuntos, como
agencias de desarrollo local, invernaderos, cafetales y diversos
proyectos productivos.
Entre tanto, la UNORCA mantuvo su campamento campesino, indígena y
urbano popular en la explanada del Monumento a la Revolución, en
espera de los contingentes estatales que empezaron a llegar a la
ciudad de México a partir del día 14.
A las 16:00 horas del 15 de agosto, se levantó una minuta de trabajo
en la Unidad de Concertación Agraria de la SRA en la que se
establecieron varios acuerdos. El primero fue la demanda de nuestra
organización de recibir el mismo trato que se brinda a las
organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, ya que
no debe haber distinciones ni tratos de segunda clase del gobierno
hacia la UNORCA.
También quedó establecida nuestra petición de una revisión puntual
al Artículo 27 Constitucional en materia agraria, para que las
parcelas ejidales adquieran el carácter de patrimonio familiar.
Se establecen además 56 acuerdos y respuestas a problemas
específicos como fideicomisos para la adquisición de terrenos
agrarios, análisis y trámites de expedientes, ejecución total de
resoluciones presidenciales e instalación de subsecuentes mesas de
trabajo, entre otros.
De la reunión de trabajo con SEMARNAT emanaron diez acuerdos, entre
los que sobresalen la propuesta de que la CNA revise los volúmenes
de uso del agua, principalmente para la agricultura de Puebla y
Quintana Roo, revisión de padrones de agua en todo el país, la
gestión ante la Comisión Nacional Forestal para revisar los
proyectos que fueron rechazados y la revisión de la solicitud de
siniestro por sequía de 14 mil hectáreas en el municipio de José
María Morelos, Quintana Roo.
Asimismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
convocará a reunión para el 16 de agosto de 2007 con el fin de
atender los asuntos del Corredor Mesoamericano y la Reserva de Sian
Kaan así como la revisión de nuevas áreas naturales, entre otros
acuerdos.
Ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas planteamos la continuación y ampliación del proyecto de
formación y apoyo para promotores de organizaciones indígenas, la
electrificación de comunidades y la apertura de caminos así como la
información oportuna sobre diversos programas como el de
Coordinación para el Apoyo a la Productividad, Organización
Productiva para Mujeres Indígenas y el de Turismo Alternativo en
Zonas Indígenas.
Sobre estos temas hubo acuerdos concretos de análisis y seguimiento
en asuntos planteados por los estados de Hidalgo, Guerrero, Quintana
Roo y Chiapas.
En cuanto a las solicitudes de apoyos financieros ante SAGARPA, las
áreas del FIRCO participantes en la mesa de trabajo se
comprometieron a establecer contacto con las gerencias estatales con
el fin de analizar y resolver los diversos asuntos planteados.
Por su parte, el representante del Programa Opciones Productivas de
SEDESOL se comprometió a revisar la situación que guardan diversos
proyectos ingresados e informarnos oportunamente.
Asimismo, se solicitará a la Unidad de Coordinación de Delegaciones
sendas reuniones con los representantes de la UNORCA en Querétaro,
Veracruz, Nayarit, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Chiapas.
Derivado de esa mesa de trabajo, se prestará atención especial a la
demanda de vivienda y apoyo a adultos mayores y se estableció el
compromiso de dar respuesta puntual a solicitudes de Pueblo de
Tilaza, Guerrero y Ejido Huexotitla, Hidalgo, entre otras.
…..
De este
modo, la Jornada Nacional nos permitió desarrollar nuestra capacidad
para proponer y actuar como constructores de nuestro propio
desarrollo, reafirmando las capacidades de liderazgo, gestión y
corresponsabilidad.
La disciplina y lealtad de las organizaciones regionales y sus
integrantes con los principios, objetivos y estrategias de la
organización nacional, hasta donde las condiciones económicas nos lo
permitieron, quedaron patentes durante el desarrollo de la Jornada.
En todo momento estuvo de manifiesto que la UNORCA es una
organización realmente comprometida con el desarrollo rural integral
y sustentable, que busca la instrumentación de políticas públicas y
programas que fomenten y protejan la capacidad de producir,
industrializar, distribuir y comercializar los productos
estratégicos para la alimentación de los mexicanos, con base en la
agricultura campesina, como condición de la soberanía alimentaría.
…..
Mientras tanto, en declaraciones a los medios, la
UNORCA demandó al gobierno federal un trato respetuoso para todas
las organizaciones campesinas e indígenas, sean nacionales
regionales o locales.
Enfatizó que la relación entre las dependencias gubernamentales y
las organizaciones sociales que representamos los intereses de
millones de productores del sector rural, debe ser directa y
equitativa, en beneficio de la gente del campo.
No es aceptable que el gobierno destine escasos recursos públicos al
medio rural de manera discrecional y sin tomar en cuenta las
necesidades de quienes producimos y vivimos en el campo.
Ante los embates de los gobiernos conservadores y derechistas, ante
el deterioro económico de nuestra actividad y la desarticulación
social de que somos objeto por las políticas anti-campesinas y anti-indígenas,
es necesario que cambiemos el terreno de la acción de las
organizaciones y grupos campesinos e indígenas.
Es necesario que sigamos en la lucha por una nueva articulación que
nos ayude a enfrentar el desprecio de que somos objeto por parte del
gobierno federal.
Nuestros principios son y seguirán siendo la autonomía, la
pluralidad, la democracia, la equidad y la defensa de la tierra y de
la propiedad social.
Para
nosotros es urgente y prioritario renegociar el capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
con el fin de impedir la desgravación de las importaciones de maíz,
frijol y leche en polvo.
Es necesario reiniciar el período desgravatorio de aranceles a los
sobrecupos de importación, ya que estos no se cobraron.
Debemos evitar que esta competencia tan desigual y tan ilegal, con
tantos subsidios del otro lado, siga destrozando nuestra economía y
continúe expulsando más de 500 mil campesinos por año.
Nos expresamos por el urgente establecimiento de una salvaguarda en
maíz, leche, fríjol y azúcar (incluyendo alta fructuosa), para
evitar que estas políticas afecten más nuestra economía.
Demandamos que se excluya la Organización Mundial del Comercio de la
agricultura, que este organismo deje de promover la liberación
comercial en el campo, porque los alimentos no son mercancías.
Rechazamos los regímenes de propiedad privada e intelectual que
pretenden aplicar para venta de semillas.
Afirmamos que la situación del campo mexicano, después de más de 10
años de apertura comercial, demanda el restablecimiento de
mecanismos de protección para la producción nacional y la aplicación
de inversión pública a la creación de infraestructura productiva.
Recientemente se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo
capítulo rural nos habla de otro México, que sólo existe en la mente
de los políticos del gobierno, nos habla de un campo ganador, se
refiere sólo al campo de los empresarios, insiste en un campo sin
campesinos.
Rechazamos que dicho plan y las políticas para el resto del sexenio
se sigan instrumentando sin considerar la participación de la gente
y se beneficie sólo a las empresas transnacionales.
El Plan
Nacional de Desarrollo no recoge nuestras propuestas para el campo,
tampoco toma en cuenta el sentir de la mayoría de las organizaciones
del medio rural, lo cual es una violación a la Ley de Planeación que
exige la elaboración del plan como resultado de una amplia consulta
a todos los sectores sociales. El Plan también viola la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) al omitir cualquier referencia
al precepto de soberanía alimentaria.
Por ello, demandamos a la Comisión Permanente del Congreso del Unión
que, con base en el artículo 5 de la Ley de Planeación, haga
observaciones al plan presentado por el gobierno federal,
requiriendo su modificación para que sus objetivos, metas y
programas correspondan con lo establecido por la LDRS.
En el mismo sentido, demandamos que en la nueva estructura
presupuestal del Programa Especial Concurrente 2008 se incorpore el
Programa de Soberanía Alimentaria, conforme el mandato de la LDRS.
Por otra parte, rechazamos la reforma fiscal por ser muy limitada
para las necesidades del país. Se requiere revisar e incrementar los
ingresos fiscales pero también se deben reorientar los egresos para
que la aplicación del gasto público sea en beneficio de los más
desprotegidos.
Nos oponemos a la creación de nuevos impuestos. El CETU parece tener
la intención de sustituir al ISR para hacer borrón y cuenta nueva de
los grandes evasores; además, podría poner en serios aprietos
financieros a las pequeñas y medianas empresas del sector rural.
El impuesto a la gasolina que se pretende autorizar su cobro desde
los estados, tendría sin duda un efecto inflacionario. Ante la falta
de rentabilidad de las actividades en el campo, sería injusto
agregar una carga más a este sector al aumentar los combustibles,
cuando el gobierno federal no ha ejercido a la fecha un solo peso de
los 270 millones autorizados por la Cámara de Diputados para apoyo a
los energéticos en el campo.
La propuesta de reforma fiscal gubernamental no resuelve el más
grave problema del sector que representa la evasión y elusión del
pago de impuestos. El mexicano que se ubica ya como el hombre más
rico del mundo, paga menos impuestos proporcionalmente que
cualquiera de nosotros.
Queremos que se castigue a los grandes evasores, así como a los
funcionarios del SAT que permiten tal práctica; que se incauten los
bienes de los grandes empresarios que no pagan y se retire la
licencia profesional a los contadores que ayudan a estos grandes
defraudadores del fisco.
En suma, exigimos que se grave más a quienes más tienen y se
eliminen los privilegios fiscales a las grandes empresas.
En lo ambiental la crisis ha llegado a niveles que cuestionan la
sustentabilidad del ser humano, el cambio climático pone en riego la
existencia de la humanidad.
La siniestrabilidad es cada día mayor, producto de la forma en como
hemos manipulado la naturaleza; el consumismo como la filosofía de
los neoliberales ha devorado nuestros recursos y se plantea también
devorar nuestra esperanza.
El fomento al consumo de energéticos amenaza ya con el uso de
alimentos como agrocombustibles; la crisis del agua presagia guerras
futuras por este recurso, mientras el 70 por ciento de las tierras
de nuestro país presenta ya alguna forma de deterioro y
contaminación.
Los transgénicos amenazan nuestros recursos genéticos,
principalmente el maíz, las empresas que los promueven pretenden
apropiarse de nuestra soberanía alimentaria. Grandes transnacionales
ponen en riesgo la vida campesina e indígena y la seguridad
nacional.
Nos pronunciamos también por la liberación de los presos políticos,
en especial de Flavio Sosa y otros compañeros, en su mayoría
campesinos e indígenas, producto de la criminalización de los
movimientos sociales y de las políticas de mano dura que no van al
fondo en la solución de los problemas que enfrenta la sociedad
mexicana.
Porque estamos decididos a seguir luchando por la vida, producimos
alimentos para los seres humanos, por eso defendemos nuestra
propiedad campesina e indígena, nuestra propiedad social.
Seguimos luchando por existir como campesinos e indígenas, por eso
demandamos un nuevo trato, ya que somos necesarios como productores
y no queremos producir alimentos para las máquinas.
Con esta
jornada de lucha, la UNORCA demostró una vez más que no es una
organización de membrete sino que está integrada por hombres y
mujeres dispuestos a luchar por la soberanía alimentaria de la
nación y por la defensa de la gente más desprotegida.
Nuestra batalla es y seguirá siendo para tener garantías de
existencia quienes hemos producido y podemos seguir produciendo lo
que el país requiere para un desarrollo soberano y equitativo
|
