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Las
transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y
montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su
disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen
insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico.
Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos
permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Ahora se han puesto más agresivas. Frente a la perspectiva de que
tampoco para este ciclo agrícola se aprobarán las solicitudes de
maíz transgénico, estas mismas empresas organizaron la publicación
de un campo pagado en varios medios nacionales para presionar
directamente al gobierno y a la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Este
desplegado, publicado el 17/09/2007, aparece firmado por poderosos
intereses industriales que lucran con el campo, el procesamiento y
la venta de alimentos en México, tales como el Consejo Nacional
Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la
Asociación Mexicana de Semilleros, la Canacintra, Antad, Concamin y
otras. Como decorado, la CNC y organizaciones regionales de los
mismos firmantes, para que parezcan más.
Por si alguien tiene dudas de quién está detrás de este desplegado,
el responsable de la publicación es Ricardo Jacobo Arias, un
empleado de Agrobio México, institución integrada por las empresas
de transgénicos Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Agrobio fue
creada para que pareciera un centro de información “independiente”
sobre biotecnología, para hacer cabildeo y presión política, como si
no fueran las mismas empresas las que promueven sus propios
intereses de lucro. Fue también Agrobio que redactó lo que debían
decir muchas de las organizaciones ahora firmantes, en la consulta
que hizo la Sagarpa sobre maíz transgénico (ver Trasnacionales
redactan cartas “de agricultores”, La Jornada, 25/09/2006)
Monsanto también aparece en los sitios de internet de muchos de los
firmantes, como su patrocinador y/o miembro (por ejemplo de la CNA,
la CANAMI, la AMSAC, entre otros), lo cual sugiere porqué éstos han
firmado el desplegado para defender a las empresas transgénicas.
En éste se vuelve a repetir que “las siembras experimentales de maíz
biotecnológico son de sumo interés para el sector productivo (…)
Dichas pruebas están diseñadas para responder científicamente sobre
la viabilidad de sembrar este cultivo comercialmente en nuestro
país”. Agregan que genera beneficios económicos, que mejora la
productividad y es una “agricultura ambientalmente más amigable”,
(nada de lo cual se cumple en la realidad según muestran las
estadísticas oficiales de los principales países productores).
Terminan con que después de “10 años de moratoria” (son 8, pero
entre tantas falsedades, que les importa una más, ¿verdad?) “no se
deben retrasar las pruebas experimentales”, ya que esas pruebas
permitirán que “emane información científica y objetiva”.
¿A qué experimento se refieren? Porque lo que está planteado en el
Proyecto Maestro de Maíz, que es el plan rector para la
“experimentación” con maíz transgénico, no contempla el estudio del
flujo génico, ni el impacto en los maíces nativos, ni sobre la
biodiversidad, ni en generaciones posteriores, ni toman en cuenta la
multiplicidad de factores que existen en el medio ambiente real en
México y su enorme diversidad cultural.
O sea, no habría ninguna experimentación sobre los temas en
controversia. Lo único que se plantea es que se siembre maíz
transgénico con un limitado radio de aislamiento (ridículo en
relación a la literatura más reciente sobre el flujo de polen de
maíz), que se impida la dispersión de polen por medios mecánicos en
cada planta, y unas pocas condiciones más, siempre en ambientes
controlados, que de por sí no tendrán ningún valor “experimental” y
muchísimo menos “objetivo y científico” para saber algo sobre el
comportamiento del maíz transgénico en el medio ambiente real. Por
otra parte, esas condiciones tampoco tienen valor como marco para
ninguna liberación comercial: no existen los productores que
tomarían todas esas medidas para impedir la contaminación:
sencillamente es imposible repetirlas en condiciones reales de
producción.
¿Por qué se insiste entonces con las “pruebas experimentales”?
Solamente porque es un requisito legal que tienen que cumplir para
después poder solicitar la liberación comercial, que es la única que
les interesa.
Ya en campo, la contaminación transgénica no les importa, porque de
todos modos no está penada por la ley, aunque sí está permitido
perseguir a quienes se contaminen “por uso indebido de patente”,
gracias a la nueva ley de semillas. Negocio redondo para las
empresas: en lugar de maíces híbridos, que no están patentados,
quieren forzar el maíz transgénico con genes patentados que tornan
ilegal guardar semillas para la próxima cosecha y además pueden
perseguir y penar legalmente a quienes lo hagan o se contaminen.
Si se planta maíz transgénico, el maíz nativo se contaminará
inexorablemente. No existe ninguna forma de eliminar el flujo de
polen y es sólo una cuestión de tiempo para que llegue hasta los
confines más lejanos del país, colocando en riesgo un patrimonio
genético, cultural y económico único para México y para el mundo.
Este es el único experimento que subyace a estos desplegados, un
experimento para destruir el maíz campesino y aumentar las ganancias
de las empresas trasnacionales.
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