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Durante la marcha en defensa de la soberanía alimentaria, organizaciones campesinas, sindicales y sociales advirtieron al gobierno que “los tiempos de diálogo se están agotando”, y confiaron en que la concentración de ayer en el Zócalo no sea “de las últimas acciones” pacíficas que lleven a cabo para que sus demandas sean atendidas.

Al término del mitin sellaron la alianza para conformar un consejo nacional social y económico en pro de la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el impedimento de la privatización de los energéticos y contra la reforma laboral y por la derogación de la Ley del ISSSTE.

En voz de Gabino Gómez, de la campaña “Sin maíz no hay país”, y del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, el movimiento sostuvo que no le arrebatarán su dignidad ni su decisión de luchar en contra del TLCAN, porque “sólo ha sembrado muerte y pobreza”.

Gómez puntualizó: “No venimos hasta acá para pedir la cabeza de un funcionario, sino para demandar al gobierno federal un debate de frente a la nación en torno a la situación del campo y refrendar que estamos en contra de la siembra de maíz transgénico. Nosotros no somos acarreados de Monsanto, nos oponemos a que los granos nativos desparezcan y que las grandes trasnacionales sigan enriqueciéndose de manera escandalosa”.

A su vez, López Aguilar dijo que las organizaciones agrupadas en los consejos nacionales de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y de Organizaciones Campesinas (Conoc), así como seis del Congreso Agrario Permanente, están abiertas al diálogo, pero no uno “de sordos”, y él sí demandó la destitución de Alberto Cárdenas como secretario de Agricultura. También rechazó que el TLCAN haya dejado beneficios al agro, pues el país “se ha convertido en una potencia agroalimentaria importadora de alimentos”.

En el mitin, Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusó al gobierno federal de haber roto el “pacto social, por no respetar la Constitución” y llamó a tomar el Congreso el próximo 7 de febrero. Auguró que, dada la unión que existe entre los sectores obrero y campesino, a “este movimiento no lo va a parar ni todo el Ejército que han sacado a las calles”.

Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores, remarcó que lo que se debe hacer es “impulsar una alianza clasista e iniciar un movimiento para frenar esta embestida. Hay que pensar en constituirnos en una fuerza capaz de cambiar el rumbo del país”.

A su vez, Agustín Rodríguez, líder del STUNAM, hizo hincapié en que lo que se requiere es una “gran alianza” del movimiento social, campesino y obrero, porque la “crisis social dista mucho de estar resuelta”.

Artemio Ortiz, en representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestó que el modelo neoliberal “ha fracasado” y por ello “la gente del imperio quiere cargar su crisis en la espalda de México, y también por eso (Felipe) Calderón hace todo lo posible porque pasen la reformas estructurales. El gobierno olvida que somos una raza invencible, somos hijos del maíz y éste sólo morirá cuando muera el sol”.

Asimismo, emplazó al Presidente de la República y a “sus neoliberales a respetar de manera irrestricta la Constitución, y si no lo hacen es tiempo de que se vayan”. Subrayó que la de ayer no debe ser la única manifestación y dijo que también se debe movilizarse el 18 de marzo, el 10 de abril y el primero de mayo, a fin de hacerle entender al gobierno que debe poner un alto a la política neoliberal.

Durante la marcha, los contingentes obreros avanzaron detrás de los campesinos. Más atrás se ubicaron los maestros de la CNTE y también los de Diálogo Nacional y otras organizaciones sociales. Los organizadores estimaron que participaron 200 mil personas; muchas no lograron escuchar a los diez oradores, ya que a una hora de haber iniciado el mitin aún seguían llegando a la plancha numerosos grupos e incluso al concluir el acto varios seguían en las calles de Madero y Eje Central.

Miguel Concha Malo, en su calidad de representante de las organizaciones civiles, refrendó la adhesión del Frente Nacional contra la Represión y otras agrupaciones al pronunciamiento y acuerdo político en favor de la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas.

“México es un país de leyes, pero sin justicia, por ello nos unimos a las organizaciones que denuncian la criminalidad de la protesta social como respuesta de los gobiernos a las legítimas demandas de la sociedad”, acotó.

Desde temprano, los contingentes campesinos se reunieron en la fuente de la Diana Cazadora y en el Ángel de la Independencia; allí, con música y comparsas –incluso algunos refirieron que con esta marcha de protesta iniciaban “el carnaval en la ciudad de México”– esperaron más de seis horas desde que se inició la caminata, hasta arribar al Zócalo acompañados por los 21 tractores del movimiento de resistencia campesina Francisco Villa.


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Miles de campesinos de todo el país alzaron la voz para rechazar la apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que da “el tiro de gracia” al campo mexicano; exigieron la destitución del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, y advirtieron que en caso de que no se renegocie dicho acuerdo se deja latente el surgimiento de “estallidos sociales”.

La mayoría de los integrantes de organizaciones como el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Cardenista, manifestaron su inconformidad principalmente con la toma de las delegaciones de la Sagarpa en los estados, y acusaron al titular de la dependencia de desconocer la situación agropecuaria de México y de negarse a dialogar.

“¡Sacaremos a ese buey de la Sagarpa, sacaremos a ese buey de la Sagarpa!”, corearon los campesinos que marcharon en la ciudad de Campeche. “Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco”, “¡No al TLCAN!” y “Defendamos a la nación”, fueron algunas de las consignas que manifestantes de prácticamente todos los estados de la República gritaron o plasmaron en pancartas. “Alberto Cárdenas, con perdón del burro”, decían tres mantas que cubrían a igual número de asnos que acompañaron en su protesta a casi 500 campesinos de Culiacán, Sinaloa.

Cierran carreteras y puentes internacionales

También hubo marchas –en algunos casos se concentraron en la capital del país para participar en la megamarcha Sin maíz no hay país–, plantones, mítines, clausura simbólica de dependencias, como las secretarías de Economía, Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, así como bloqueo de vialidades, cruces fronterizos y puentes internacionales.

Los trabajadores del campo contaron con el apoyo de numerosos contingentes sindicales de maestros, burócratas, telefonistas, universitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizaciones civiles e integrantes de partidos políticos, principalmente de PRD, PRI y PT.

Exigieron más apoyos al sector agropecuario pues, dijeron, se carece de canales adecuados de comercialización, lo que provoca que cada año se pierdan miles de toneladas de diversos productos.

También pidieron que se cumpla en su totalidad el Acuerdo Nacional para el Campo, la aplicación de un programa emergente de empleo formal en zonas expulsoras de mano de obra y la promulgación de un nuevo reglamento interno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acusaron al gobierno de Felipe Calderón de no hacer lo suficiente para defender a los campesinos mexicanos, quienes ahora se encuentran en desventaja en relación con sus pares de Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos los apoyan con financiamiento y la entrega de maquinaria.

Criticaron que, por el contrario, el gobierno federal ha desplegado una campaña publicitaria en la que señala que el TLCAN ha posibilitado que haya productos de mejor calidad, sin embargo, “nada se ha hecho para apoyar realmente al campo mexicano”.

Por si fuera poco, señalaron, se han presentado aumentos notorios de combustibles, insumos y productos básicos. Advirtieron que las protestas continuarán y llegarán hasta donde sea necesario, porque “no podemos permitir que el campo mexicano siga siendo arrasado por las políticas neoliberales”, y no descartaron que en breve surjan “estallidos sociales”.

Otras de las organizaciones que participaron en las marchas son la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central Campesina Independiente, El Barzón, Organización Campesina Emiliano Zapata, Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas.

L. Chim, M. Sánchez, S. Ocampo, O, Vélez, E. Martínez, L. A. Boffil, A. Mariscal, R. Ramón, J. Valdez, E. Henríquez, S. Maldonado, M. Chávez, M. Diego, J. Chávez, R. Villalpando, C. Bañuelos, D. Carrizales, J. C. Partida, A. T. Morales, C. Camacho, La Jornada Morelos, La Jornada de Oriente y La Jornada San Luis. (Fotos: J. C. González y V. Camacho)

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El viejo y desvencijado tractor que encabeza la descubierta de la marcha no arranca. Otros más han echado a andar sus motores y se preparan para rodar sobre Paseo de la Reforma. Faltan diez minutos para las cuatro de la tarde y miles de campesinos aguardan el banderazo de salida. Dos agricultores empujan la máquina descompuesta para que funcione. El vehículo carraspea y tose, hasta que finalmente cede. La manifestación comienza.

El tractor se asemeja a la situación del campo mexicano. Trabajado en exceso, frágil y desprotegido en relación con las economías contra las que se le ha puesto a competir, el mundo rural mexicano sigue vivo gracias a los hombres y las mujeres que lo habitan, lo hacen producir y le mandan remesas desde sus nuevos hogares en Estados Unidos.

También tiene parecido con las movilizaciones contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Después de un prolongado letargo de casi 14 años de retraso, interrumpido por unos cuantos episodios, las grandes protestas contra el libre comercio agrícola finalmente ocupan las avenidas de la política nacional.

Hace cinco años, un 31 de enero como hoy, se escucharon los primeros gritos masivos para renegociar el tratado en el agro. Miles de campesinos tomaron las calles de la ciudad de México. “Somos sobrevivientes que se niegan a desaparecer”, dijo Alberto Gómez, en el mitin central de aquellas jornadas de lucha. No hubo, sin embargo, mucha fortuna. Las organizaciones campesinas perdieron en la mesa de negociaciones lo que habían ganado en las plazas públicas. La demanda original de renegociar el TLCAN se convirtió en, apenas, un compromiso de realizar un estudio para medir los impactos del acuerdo en el agro.

Pero más vale tarde que nunca. La movilización de ayer fue más grande que la de hace cinco años. Nació de una curiosa confluencia de centrales y convergencias campesinas de todo signo, en donde los líderes desconfían entre sí, pero se necesitan unos a los otros. Una convergencia en la que cada dirigente teme que el otro lo utilice para negociar sus reivindicaciones particulares, en nombre del conjunto. Una alianza que ha propiciado la emergencia de una protesta más grande que ellos; de una movilización que por su amplitud los rebasa, los desborda.

Se trata, además, de la más importante prueba de fuerza de masas entre el gobierno de Felipe Calderón y la oposición gremial. Porque lo que se fraguó en el Zócalo capitalino fue una alianza entre organizaciones sociales del campo y la ciudad, en la que la presencia de fuerzas político partidarias fue testimonial: estuvieron pero no contaron, por más que traten de capitalizarla. Un pulso en el que, mientras los campesinos gritan “¡Sacaremos a ese buey de la Sagarpa!”, Germán Martínez Cázares, dirigente del partido en el gobierno, afirma, con bravuconería e insensibilidad, que “el PAN respalda ciento por ciento, con orgullo, al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas”.

Son más de las cuatro de la tarde. Sobre Paseo de la Reforma, detrás del destacamento de tractores que abre camino se agrupa la descubierta de la marcha. Son todos hombres, en su mayoría mayores de 50 años. Son los líderes de las llamadas organizaciones campesinas nacionales y de una que otra regional. Han estado al frente de ellas durante tres o cuatro décadas. La mayoría participó en las luchas por la tierra de los 70 y algunos más en los intentos por desarrollar la autogestión campesina. Casi todos han participado en contiendas electorales. Los acompañan dirigentes obreros como Francisco Hernández Juárez.

El primer contingente después de la descubierta es el de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Con mucho es el más numeroso, seguido por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Los destacamentos de la queniqué –como se le conoce en el medio– van encabezados por un grupo de danzantes sonorenses que, sin hacer caso al gobernador de su estado, Eduardo Bours –uno de los principales defensores del tratado–, critican el acuerdo comercial y funcionan como una especie de batucada indígena. Allí marchan camisas rojas madracistas del estado de México, coreando las consignas de la oposición de izquierda: “No somos uno, ni somos cien/pinche gobierno ¡cuéntanos bien!”

Curiosa ironía ver en las calles decenas de mantas cenecistas exigiendo la abrogación del TLCAN, cuando en el momento de su firma ellos fueron sus principales valedores en el campo. Una ironía que, en parte, se despeja con una pancarta en la que se muestra el corazón de la actual disputa de la queniqué con la administración de Felipe Calderón. “Reglas de operación aceptables para manejar el presupuesto al campo”. O sea, objetan una maniobra mediante la cual el gobierno federal centraliza el manejo sustantivo de una parte de los recursos para el campo, que antes administraban los gobiernos de los estados y algunas organizaciones campesinas.

Durante largos trayectos, la manifestación es un ejercicio de protesta silencioso, apenas interrumpido por los contingentes de sindicalistas y estudiantes que rompen el orden establecido y se cuelan entre las filas de los labriegos, por un grupo de chinelos, y por las distintas bandas de música y tamboras que amenizan el acto. Sólo los destacamentos más vinculados a una tradición de izquierda, como la CNPA o la CIOAC, hacen sentir su presencia a gritos. La marcha es un recordatorio de que, por más que se pretenda presentar a México como sociedad urbanizada, el mundo rural se hace presente una y otra vez.

Lo sacan por la puerta de las estadísticas y los discursos oficiales, y se cuela por las ventanas de la realidad. Hace dos días, los productores de leche convirtieron al Monumento de la Revolución en una especie de establo, con vacas y piensos incluidos, al tiempo que regalaban 25 mil litros del lácteo. Así se debió ver la plaza cuando en 1910 Porfirio Díaz comenzó su construcción. Hoy, decenas de jinetes a caballo, como los que integran la Caballería Zapatista de Milpa Alta, con un estandarte con la imagen del general Emiliano Zapata al frente, recorren las calles del centro para decir: ¡aquí estamos!

Una pancarta enarbolada por cientos de manifestantes dice: “El TLCAN es muy bueno, pero para los pinches gringos...” Este 31 de enero, miles de campesinos y trabajadores de la ciudad tomaron las calles para decir que no quieren maíz y frijol proveniente de Estados Unidos, sino granos y leguminosas sembrados por ellos en México. Pretenden, como lo hizo el desvencijado tractor que encabezó la manifestación, seguir siendo una clase de supervivientes y no los perdedores de la alquimia neoliberal.

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Perversiones de la política: la marcha nacional por la defensa del maíz mexicano llegó ayer al Zócalo encabezada por una columna de 50 tractores que –de acuerdo con una denuncia en poder de esta crónica– estaban “patrocinados por Monsanto” para exigir su “derecho a sembrar maíz transgénico”.

Atrás venían los otros tractores, los que el 18 de enero salieron de Ciudad Juárez, desde el puente fronterizo de El Chamizal, en la raya entre Estados Unidos y México, y más atrás de éstos, miles y miles de campesinos de todos los estados y todas las organizaciones agrarias del país, así como obreros de fábrica y de industria, colonos, militantes de movimientos sociales y mucha, mucha gente de la ciudad de México que acudió por su propia cuenta.

La síntesis de los acuerdos que hicieron posible la manifestación –a la que según organizadores se incorporaron más de 200 mil personas– estaba en lo alto del templete, a lo largo de un telón de fondo que encadenaba las siglas “CCI-CCN-CNC-CNTE-CONORP-FSM-CCD-UNORCA-UNT-UNTA”, fuerzas políticas convocantes.

Los corresponsales extranjeros, libreta en mano, traducían y deletreaban: Central Campesina Independiente, Central Campesina Nacional, Confederación Nacional Campesina, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, Frente Sindical Mexicano, Confederación Campesina Democrática, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Unión Nacional de Trabajadores, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas”.

Pero abajo, en la plancha del Zócalo, sobre la angosta calle Madero, la avenida Juárez y el Paseo de la Reforma ondeaban las banderolas y vibraban los gritos de los trabajadores de todos los ingenios cañeros del país –que se identificaban por una cachucha roja–, los militantes del sindicato de telefonistas y los siempre combativos electricistas, muchos de los cuales desfilaban esta vez con las camisetas de Luz y Fuerza del Centro, tan vapuleada por el huracán del martes pasado y por la prensa de la ultraderecha que aprovechó la magnitud de la desgracia para exigir, ahora sí airadamente, su privatización.

En la esquina de Lázaro Cárdenas y Madero la senadora Rosario Ibarra y un grupo de integrantes del Frente Nacional contra la Represión exigían “la libertad de los presos y desaparecidos políticos de hoy, de ayer y de siempre”. Al que no le calentaba ni el sol de la tarde ni la energía que irradiaban tantas decenas de miles de seres humanos unidos por el afán de mostrar su descontento, era al dirigente campesino Pablo Gómez Caballero, hijo del legendario Pablo Gómez, que en 1966 murió durante el asalto de la Liga Comunista 23 de Septiembre al cuartel de Madera, Chihuahua.

Después de atravesar el país acompañando a los tractores que partieron desde Ciudad Juárez, el dirigente quería denunciar que, a la hora en que la manifestación debía partir de la glorieta del Ángel de la Independencia, encabezada por los vehículos de labranza, otra columna de tractores se adelantó para adueñarse de la descubierta.

Al frente de esas máquinas iba el también líder agrario de Chihuahua, Armando Villarreal Marta, a quien, dijo Gómez Caballero, “lo patrocinan la compañía transnacional Monsanto y la priísta CNC, para que anden por todas partes exigiendo su supuesto derecho a sembrar maíz transgénico”.

Y en efecto, eso era lo que repetían los bien impresos carteles de los primeros tractores: “Por el derecho a sembrar maíz transgénico”. Era lo único que faltaba. Por fortuna, casi nadie se enteró. Los que llegaron al Zócalo –que sigue siendo medio Zócalo, debido al Museo Nómada– se retiraron por 20 de Noviembre. En esos momentos, casi las 5 de la tarde, los últimos contingentes, formados por militantes de El Barzón de Veracruz, cuyas mantas reiteraban la consigna del momento –“Sin maíz no hay país”, a la que añadían “sin frijol tampoco”– continuaban alrededor de la Diana, mientras en Reforma y Juárez un señor clamaba a todo pulmón: “Sin maíz no hay cornflakes”. Más adelante, cerca de una muchacha que iba desnuda, pero con la piel pintada con granos y hojas de elote, un altavoz de los telefonistas rimaba: “Mouriño, araña, regrésate a España”.

Sobre Madero, los trabajadores textiles de Ocotlán, Jalisco, le mentaban la madre en sentidos versos a su patrón, el megaempresario Moisés Saba, y entre contingentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el INBA, el Frente Francisco Villa, los indígenas de la sierra mazateca, el Movimiento Los de Abajo, el Comité Mx Ac, Flor y Canto, las logias masónicas del Valle de México, los colonos de Ecatepec, y muchas siglas más, otro altavoz coreaba: “No es Mickey Mouse, tampoco es Topo Gigio, es una pinche rata llamada Felinillo”, y a partir de estas ocurrencias se derivaban múltiples variaciones sobre el mismo tema. En el templete del Zócalo, mientras tanto, en las voces de los múltiples oradores, iban y venían los exhortos a la “unificación de todos los criterios y de todas las luchas –como externó el padre Miguel Concha–, para lograr que el gobierno cambie esta política lesiva a los intereses del pueblo y se haga efectivo el reconocimiento de todas las libertades públicas”.

Hubo pocas alusiones a la inminente privatización de Petróleos Mexicanos y ninguna a la lucha de Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos seguidores de éste abuchearon al eterno líder de los trabajadores telefonistas, Francisco Hernández Juárez. En tanto, otras manos quemaban una efigie del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, aderezada con cuernos de Belcebú, y otros desgarraban una bandera estadunidense que no se dejaba incendiar; múltiples brazos alzaban carteles con la leyenda: “Este es un gobierno milpero: pone mil peros para ayudar a los campesinos”.


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MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA,
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS


Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo.
Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.
La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.
Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.
Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.
La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.
La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.
La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.
La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo.
Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el “MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS”, será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.
Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.
Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:
Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.
Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.
Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.
Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.
Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.
Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.
Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.
Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.
Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.
Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementación de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.

Los ejes fundamentales de nuestras acciones;
Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.
Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.
Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.
Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.
Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.
Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.

¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN
DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN!

¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO!
¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Fraternalmente
México, D. F., a 28 de enero de 2008
Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, “Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!”, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas

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